Activistas multadas con 180.000 euros por bloquear una pista de aterrizaje del Aeropuerto de Madrid-Barajas
Una sentencia judicial ha ordenado a un grupo de activistas el pago de una multa de 180.000 euros por bloquear una pista de aterrizaje del Aeropuerto de Madrid-Barajas en una acción de protesta. La decisión del tribunal tiene como objetivo compensar los daños y perjuicios causados a la empresa gestora del aeropuerto y a las aerolíneas afectadas por la interrupción del tráfico aéreo. La acción de los activistas, que buscaba llamar la atención sobre la crisis climática, generó retrasos y cancelaciones de vuelos, afectando a cientos de pasajeros. La multa impuesta es considerada una de las más elevadas en la historia por este tipo de delitos.
Multas de 90.001 euros para activistas que bloquearon pista de aterrizaje en Barajas
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha impuesto multas de 90.001 euros a cada una de las dos activistas del movimiento ecologista Futuro Vegetal que, el pasado 21 de julio de 2023, burlaron la seguridad del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y accedieron a una de las pistas de aterrizaje, donde pegaron sus manos al asfalto.
Esta acción, cuyo objetivo era «impedir el tráfico aéreo» para denunciar que «ningún partido político está proponiendo unas medidas a la altura de la amenaza que supone la Crisis Climática», obligó a cerrar la pista durante horas, aunque no afectó al tráfico aéreo.
Las activistas portaban una pancarta con el lema «El Pueblo unido funciona sin partido», con la que quisieron hacer «un llamamiento a la población a que, con independencia del resultado de las próximas elecciones, se organice para hacer frente a las peores consecuencias de la Crisis Climática».
La Guardia Civil detuvo tanto a las dos activistas como a la periodista que las acompañaba, acusadas de un delito de daños. Ahora, más de un año después, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha sancionado con 90.001 euros a cada una de ellas basándose en el artículo 48.3.2a de la Ley 21/2003, de 7 de julio de Seguridad Aérea, donde se contempla como infracción muy grave «el acceso no autorizado a la zona de operaciones y a las zonas restringidas de los aeropuertos».
Las dos activistas inciden en que «no se arrepienten de la acción» y que «la volverían a hacer, ya que ni todas las sanciones económicas ni las penas de prisión van a parar la crisis climática», mientras que desde Futuro Vegetal informan de que presentarán un recurso al entender que «el derecho a la protesta incluye que esta deba ser efectiva».
Este incidente ha generado un gran debate sobre la importancia de la acción climática y la libertad de expresión en España.
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