Arrancan las clases de educación de personas adultas en Madrid sin haberse aprobado la regulación definitiva

Arrancan las clases de educación de personas adultas en Madrid sin haberse aprobado la regulación definitiva

Con un inicio anticipado, las clases de educación de personas adultas en Madrid han dado comienzo, pese a que la regulación definitiva para este tipo de programas aún no ha sido aprobada. Esta situación ha generado inquietud y confusión entre los responsables de los centros educativos y los propios estudiantes, quienes esperaban contar con una normativa clara y estable para desarrollar estas actividades. A pesar de esta incertidumbre, las clases han comenzado con normalidad, con la esperanza de que la normativa se apruebe en breve y se puedan resolver las dudas y vacíos legales existentes.

Desorden en la educación de personas adultas en Madrid: falta de regulación y recursos

Más de 30.000 estudiantes inician el curso en los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) sin una orden reguladora definitiva, lo que genera inseguridad jurídica y desorden en la educación de personas adultas en Madrid.

Vacío legal: Centros de Educación de Personas Adultas funcionan sin orden definitiva

La Dirección General se ha limitado a enviar un borrador de orden para que se tenga como referencia, lo que no es suficiente para garantizar el normal funcionamiento de los centros. Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, denuncia que se inicia el curso con una situación de absoluto vacío legal que genera inseguridad jurídica a equipos directivos, equipos docentes y al alumnado.

Además, la plataforma informática Raíces no se ha adaptado a los cambios que conlleva esta nueva regulación, lo que impide grabar correctamente las enseñanzas que se imparten, académicas o aplicadas. Tampoco está actualizado el sistema de convalidaciones de los estudiantes matriculados en estos centros.

Madrid: Empiezan clases de educación de personas adultas sin orden reguladora

La situación de inexistencia de regulación hace que los centros dependan del criterio de la inspectora o inspector que atiende el centro, lo que promueve la desigualdad entre alumnado y profesorado. Galvín valora que la situación se expresa en el desastre de funcionamiento de la Consejería de Educación, así como la falta absoluta de planificación.

Los centros también sufren déficits y discriminaciones específicas que afectan a los profesionales que trabajan en ellos. El profesorado que realiza la función tutorial en las enseñanzas a distancia no ve retribuido su trabajo, y los equipos directivos no están equiparados con los directores o directoras que ejercen su función directiva en otros centros públicos.

Demanda de soluciones urgentes

CCOO exige que se corrijan estas discriminaciones y se aborden los problemas de fondo. Es urgente que se cubran las jubilaciones del profesorado del cuerpo de maestros con profesorado del mismo cuerpo y especialidad, y que se aumente la presencia de orientadores y orientadoras en los centros.

También se demanda que se generalice el personal administrativo para las tareas administrativas que requiere la gestión de estos centros, y que se avance en abordar problemas de fondo, como la gestión compartida entre entidades municipales y Consejería de Educación.

En definitiva, CCOO denuncia que un año más, el curso empieza con promesas incumplidas y exige que se refuerce y se apoye a estos centros y a sus profesionales. El próximo Presupuesto 2025 es una oportunidad para corregir las actuales carencias y garantizar el derecho a la educación a lo largo de la vida.