El Consejo de Ministros impugna la normativa de la Comunidad de Madrid sobre derechos de personas trans y LGTBI
El Consejo de Ministros ha acordado interponer recursos de inconstitucionalidad contra las leyes 17/2023 y 18/2023 aprobadas por la Comunidad de Madrid en materia de derechos de las personas trans y LGTBI. Según la ministra de Igualdad, Ana Redondo, estas leyes son regresivas y eliminan o derogan contenidos de protección de derechos, estableciendo nuevos requisitos o condiciones para su ejercicio.
Aspectos impugnados
En concreto, el Gobierno impugnará la excepción que se hace a la prohibición absoluta de las terapias de conversión, permitiendo el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que a menudo son formas encubiertas de este tipo de pseudoterapias. También se impugnará la patologización que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a obtener un informe facultativo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición.
Además, se va a recurrir la contraposición discriminatoria que hace la ley de las personas trans frente a las mujeres y niñas cuando se les permite usar espacios o equipamientos sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres. La ministra de Igualdad ha remarcado que garantizar los derechos de las personas trans no pone en peligro los derechos de otras personas.
Invasión de competencias del Estado
Por último, el Gobierno también considera que la norma de la Comunidad de Madrid invade las competencias exclusivas del Estado en materia procesal y de procedimiento administrativo al excluir a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representen a una víctima o perjudicado con su permiso explícito.
Recurso de inconstitucionalidad
La ministra de Igualdad ha destacado que la decisión de acudir al Tribunal Constitucional se adopta tras haber explorado la vía de la negociación, a través de la Comisión Bilateral, entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo previsto en el art. 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ante esta situación, el Gobierno interpondrá el recurso de inconstitucionalidad con efectos suspensivos.
Suspensión de la normativa
La suspensión supondría que la prohibición de las terapias de conversión tendrá carácter absoluto, que las personas menores que quieran acceder a un tratamiento farmacológico no necesitarían acompañamiento psicológico o psiquiátrico, ni informe médico favorable y que carecerá de eficacia la exclusión de las organizaciones LGTBI como posibles interesadas en los procedimientos penales o administrativos sancionadores.
Declaración institucional del Día del Orgullo
El Consejo de Ministros también ha aprobado, a propuesta de la ministra de Igualdad, del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la declaración institucional con motivo del 28 de junio, Día Nacional del Orgullo LGTBI.
En la declaración, el Gobierno de España renueva su compromiso con el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, así como la apuesta por la erradicación de cualquier tipo de discriminación basada en la orientación e identidad de género, expresión de género o características sexuales.
La declaración concluye además con una invitación a toda la ciudadanía a participar en los actos que se van a organizar con motivo del Orgullo, celebración de la libertad y la diversidad que engrandece nuestra sociedad y que no excluye a nadie.
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