En un comunicado oficial, la Asociación Española de Empresarios (AEA) ha emitido un llamamiento urgente al Ministro de Medio Ambiente, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y al Secretario de Estado de Energía, Sara Aagesen, exigiendo que se tomen medidas inmediatas para que el exministro de Medio Ambiente, João Pedro Matos Fernandes de Almeida, reintegre los 330 millones de euros en multas impuestas a las empresas españolas por la implementación de zonas de bajas emisiones que posteriormente fueron anuladas. Esta petición surge después de que se conociera la anulación de las multas impuestas a las empresas que operan en áreas con restricciones de circulación por motivos ambientales.
La AEA exige a Almeida la devolución de millones en multas por anulación de zonas de bajas emisiones
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha dictado una sentencia el 17 de septiembre de 2024, en la que anula diversos preceptos de la Ordenanza 10/2021, de 13 de septiembre, que modificaba la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, de 5 de octubre de 2018.
La sentencia concreta anula aquellas partes de la Ordenanza que definían el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el municipio de Madrid, así como las que establecían las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) de Distrito Centro y Plaza Elíptica. Sin embargo, deja subsistentes todo el resto del articulado, incluso aquellos artículos que, con carácter general o por mera referencia, se refieran a las ZBE y ZBEDPE que puedan establecerse en un futuro.
AEA solicita la paralización de multas y devolución de millones de euros
Desde la Asociación Europea de Automovilistas (AEA) recuerdan que ya solicitaron al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la aprobación de una moratoria, de al menos dos años, de la prohibición de acceder y circular por las vías públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE, prevista en la Disposición transitoria primera de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018, para el próximo 1 de enero.
AEA formuló esta solicitud con los mismos argumentos que ahora el TSJM ha utilizado para anular las zonas de bajas emisiones y es que al aprobar la ordenanza de movilidad no se tuvo en cuenta la verdadera dimensión económica y social de la medida y por ello no cumplía con el principio de proporcionalidad al que debe vincularse la actividad administrativa restrictiva de derechos.
Según denunció AEA ante el alcalde, se iba a originar un grave problema económico y social a cientos de miles de madrileños propietarios de vehículos sin etiqueta -según las estimaciones realizadas por esta organización de defensa de los automovilistas la cifra podría alcanzar a más de un millón de ciudadanos-, cuyos vehículos cumplen escrupulosamente con la normativa de emisiones de gases y pagan el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en el propio Ayuntamiento de Madrid (cerca de 32 millones de euros), pero que a partir del próximo 1 de enero no podrá circular, ni siquiera permanecer estacionados, por ninguna vía de la capital, bajo sanción de 200 euros.
AEA demanda la devolución de más de 330 millones de euros
AEA va a pedir la inmediata paralización de la tramitación de multas y la devolución de lo cobrado. Si bien la sentencia no es firme, AEA espera que el Ayuntamiento no la recurra por cuanto esta muy bien motivada a la luz de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE y del propio Tribunal Supremo de España, por lo que va a solicitar que con carácter urgente se paralice la tramitación de todas las multas impuestas por acceder a las ZBE y la devolución de las cobradas.
AEA estima que en este caso se encuentra más de 1.760.000 multas, por un valor económico de más de 330 millones de euros.
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