- La CCOO de Madrid denuncia el 'desmantelamiento' del servicio público universitario y su favoritismo hacia las instituciones privadas.
- CCOO Madrid denuncia el desmantelamiento del servicio público universitario en favor de la privatización
- El favoritismo de los gobiernos regionales hacia las universidades privadas
- Consecuencias para la igualdad de oportunidades y la educación superior
La CCOO de Madrid denuncia el 'desmantelamiento' del servicio público universitario y su favoritismo hacia las instituciones privadas.
La Central de Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid ha lanzado una contundente denuncia contra la política educativa actual, acusando al gobierno de 'desmantelar' el servicio público universitario en favor de las instituciones privadas. Según la organización sindical, la privatización de la educación superior está erosionando la calidad y la accesibilidad del sistema público, beneficiando únicamente a los centros privados. La CCOO de Madrid advierte que esta tendencia supone un ataque directo a la educación pública gratuita y de calidad, principio fundamental en el que se basa la formación de las futuras generaciones. Esta situación ha generado un gran malestar entre la comunidad educativa y los estudiantes, que ven peligrar su derecho a una educación accesible y de calidad.
CCOO Madrid denuncia el desmantelamiento del servicio público universitario en favor de la privatización
El sindicato de clase CCOO Madrid ha denunciado este jueves el desmantelamiento del servicio público universitario en favor de las universidades privadas en la Comunidad de Madrid.
El deterioro del sistema universitario público continuará, advierten desde CCOO, en la medida en que no se destine una partida financiera descentralizada y suficiente para garantizar su funcionamiento, dejando el camino libre al avance de la privatización en la enseñanza superior, un negocio que resulta muy atractivo。
Entre los ejemplos de este desmantelamiento, CCOO destaca el recorte del 30% que va a sufrir la Universidad Complutense de Madrid, fruto del estrangulamiento presupuestario al que viene siendo sometida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde tiempos de Esperanza Aguirre.
Por otro lado, hace unos días observamos lo fácil que es para una universidad en línea como la UNIR obtener permiso para impartir nuevos títulos de grado y máster, incluso de manera presencial, haciendo así competencia a las universidades públicas.
El favoritismo de los gobiernos regionales hacia las universidades privadas
Cuando se redactó el borrador del Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, desde CCOO señalamos que dicha regulación era insuficiente para preservar la calidad de la educación superior e impedir la afloración de universidades privadas alentadas por un negocio pujante con la connivencia de algunos gobiernos regionales.
Dichas universidades son, en realidad, auténticos chiringuitos dedicados a vender títulos de dudosa calidad y donde las y los estudiantes, en realidad, van a hacer relaciones públicas, inciden.
El modelo que siguen estos gobiernos regionales es bastante viejo y conocido: se asfixia económicamente a las universidades públicas para dificultar su viabilidad y competitividad, mientras se mima y promociona a las privadas, con recalificaciones de suelo si es necesario.
Consecuencias para la igualdad de oportunidades y la educación superior
Evidentemente, esto mina la igualdad de oportunidades del estudiantado, ya que no todos los sectores sociales pueden afrontar el coste de los estudios en universidades privadas pero, lo que es peor, va en contra de tener un sistema de educación superior robusto que es el fundamento de una sociedad basada en el conocimiento y con profesionales bien formados.
Desde CCOO exigen al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que tome cartas en el asunto, fortalezca el sistema de inspección y vigilancia de los centros y títulos universitarios, y promueva un sistema de financiación estructural descentralizado, pero suficiente, para garantizar el servicio público de educación superior de calidad.
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