Un tribunal de Madrid pide 3,5 años de prisión para un agente de tráfico que multó falsamente al supuesto novio de su expareja
En un caso que ha generado gran conmoción en la opinión pública, un tribunal de Madrid ha solicitado una pena de 3,5 años de prisión para un agente de tráfico que fue acusado de multar falsamente a una persona que supuestamente era el novio de su expareja. Según las investigaciones, el agente de tráfico había utilizado sus facultades para perjudicar a la víctima, quien no había cometido ninguna infracción. Esta decisión judicial marca un precedente importante en la lucha contra el abuso de autoridad y la corrupción en la función pública.
Agente de movilidad de Madrid enfrenta 42 meses de prisión por multas falsas
La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado una pena de 42 meses de prisión para R. S. G., un agente de movilidad de la capital española que falsificó datos de un vehículo para multar a una persona inocente.
El juicio contra el agente de movilidad comenzará este miércoles, 2 de octubre, a las 11:30 horas, en la Sección Sexta de la Audiencia de Madrid. El representante del Ministerio Público le imputa un delito de falsedad en documento oficial.
Según se desprende del escrito de acusación, el 27 de noviembre de 2022, sobre las 19:30 horas, R. S. G. se encontraba ejerciendo sus funciones de regulación del tráfico en la Plaza de la Independencia en compañía de J. G, F., también agente de movilidad.
En un momento dado, J. G. F. observó cómo un conductor que circulaba haciendo uso de un teléfono móvil se saltó un semáforo en fase roja, por lo que solicitó al acusado que le facilitara los datos del vehículo, dado que por la rapidez a la que se habían producido los hechos no había sido capaz de anotarla en su dispositivo PDA para tramitar la oportuna denuncia.
Entonces, R. S. G. facilitó a su compañero los datos de marca, modelo y matrícula del coche de otra persona de quien creía que mantenía una relación sentimental con la que había sido su pareja, motivo por el cual J. G. F. A. formuló sendas denuncias por las infracciones de tráfico observadas haciendo constar los anteriores datos.
Las anteriores denuncias han dado lugar a los correspondientes expedientes sancionadores del Ayuntamiento de Madrid, habiendo recurrido la persona afectada las sanciones que le fueron impuestas.
La Fiscalía argumenta que el agente de movilidad actuó con intención de perjudicar a la persona inocente, utilizando sus funciones para cometer un delito y vulnerar la confianza depositada en él como servidor público.
Si el agente de movilidad es declarado culpable, podría enfrentar una pena de prisión de 42 meses, además de la pérdida de su condición de funcionario público.
El caso ha generado gran impacto en la opinión pública, ya que se considera un abuso de autoridad y un ejemplo de cómo un funcionario público puede utilizar sus poderes para cometer delitos.
El juicio contra R. S. G. será seguido con atención por la sociedad española, ya que se considera un caso emblemático de la lucha contra la corrupción y el abuso de poder.
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