El Defensor del Paciente exige intervención de la Fiscalía ante «críticas condiciones de climatización y escasez de recursos» en hospitales y residencias de Madrid
En un llamamiento urgente, el Defensor del Paciente ha solicitado la intervención inmediata de la Fiscalía para abordar las críticas condiciones de climatización y la escasez de recursos en hospitales y residencias de la Comunidad de Madrid. Esta solicitud surge tras recibir numerosas denuncias y quejas por parte de pacientes y familiares, quienes han denunciado la falta de mantenimiento y la inadecuada atención en estos centros sanitarios. El Defensor del Paciente considera que estas deficiencias ponen en riesgo la salud y la seguridad de los pacientes, y exige que se tomen medidas para solucionar esta situación lo antes posible.
La Fiscalía de Madrid pide intervenir en hospitales sin climatización
La asociación Defensor del Paciente ha solicitado la intervención de la Fiscalía Superior de Madrid para que actúe ante los problemas de climatización y falta de medios en la atención a los pacientes durante la temporada estival en hospitales públicos y residencias de la Comunidad.
La asociación, presidida por Carmen Flores, pide a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, María Pilar Rodríguez, que investigue la situación gravísima que está pasando en hospitales de Madrid, como el Ramón y Cajal y La Paz, sin climatización, lo que pone en peligro a los pacientes y profesionales.
No hay dinero para la salud, pero sí para la Fórmula 1, denuncia la asociación. Lo que aduce Ayuso es que no hay dinero, pero para gastar en un Zendal 200 millones de euros inútiles, o para que en Madrid se celebre la Fórmula 1, gastará otros 3,5 millones de euros para la dirección de obras y el coste llega ya a los 51 millones, pero para que los pacientes y profesionales respiren no hay dinero, critican.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid en pleno ¿pasará calor?, seguro que no, y lo curioso que para eso sí hay dinero, ironizan desde la asociación.
El Defensor del Paciente reclama que se tomen medidas y se intervenga en aplicación del artículo 376 del Código penal, que establece que el funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.
También lo llamaríamos abuso de poder. También nuestra solicitud, como siempre, está fundamentada en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal, concluyen desde El Defensor del Paciente.
La asociación espera que la Fiscalía Superior de Madrid tome medidas urgentes para solucionar la situación de los hospitales públicos y residencias de la Comunidad de Madrid, y que se garantice el derecho a la salud de los pacientes y profesionales.
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