En un nuevo caso de corrupción política, un ex comisionado de la Comunidad de Madrid y un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid se enfrentan a un juicio por su presunta implicación en el derribo ilegal de una zona de la Cañada Real, una de las áreas más emblemáticas y protegidas de la capital española. Según las investigaciones, ambos funcionarios habrían participado en la destrucción arbitraria de viviendas y negocios en la zona, sin contar con los permisos necesarios ni respetar las normas de protección ambiental. El juicio, que se avecina, busca determinar la responsabilidad de los acusados en este escándalo que ha generado gran conmoción en la sociedad madrileña.
Dos funcionarios de alto nivel enfrentan juicio por derribo ilegal de vivienda en la Cañada Real
El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid ha decidido enviar a juicio a dos funcionarios de alto nivel de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid por un presunto delito de prevaricación en relación con el derribo de una vivienda en la Cañada Real en julio de 2022.
Según el auto del juzgado, los acusados son J. C. S. G., Jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, y M. G. P., ex Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real. Ambos enfrentan cargos por su presunta participación en el derribo de una vivienda en la Cañada Real, que se llevó a cabo pese a no existir una orden firme y cuando el vecino había recurrido el procedimiento administrativo de cese de uso abierto unos meses antes.
Investigación de dos años
Tras cerca de dos años de investigación, tanto la jueza titular como la Fiscalía consideran que existen indicios de criminalidad evidentes en la actuación de estos dos cargos. Según CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales), el vecino llevaba residiendo en la vivienda de forma ininterrumpida desde 2006, y había presentado alegaciones en el procedimiento administrativo para oponerse al derribo.
Derribo ilegal
El Comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid emitió un informe indicando que la vivienda estaba completamente abandonada, sin aportar prueba alguna de esta afirmación, y solicitó su derribo. El Jefe de Disciplina Urbanística autorizó el derribo apenas 24 horas después, sin llevar a cabo ninguna comprobación sobre el estado de la vivienda y su procedimiento administrativo.
Accusaciones
Los acusados enfrentan cargos por su presunta participación en el derribo de la vivienda, que se considera un delito de prevaricación. Según CAES, es evidente que ambos conocían que una orden tan lesiva como la que supone el derribo de una vivienda con más de 30 años de antigüedad solo puede dictarse cuando existe una Resolución firme al respecto, y que la declaración de la vivienda como abandonada solo podría afirmarse tras la práctica de una exhaustiva prueba.
Campaña de acoso y derribo
Este derribo se llevó a cabo en el marco de una campaña orquestada por las Administraciones públicas de acoso y derribo a los vecinos y residentes históricos de la Cañada Real, que busca expulsar a los residentes de esta zona en beneficio de los desarrollos urbanísticos del sureste que colindan con esta zona residencial, poblada principalmente por población vulnerable o de escasos recursos.
Procedimiento abreviado
La jueza ha dictado el Auto de transformación en Procedimiento Abreviado, abriendo el plazo para que tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejercen los representantes legales del vecino, presenten nuestros escritos de acusación.
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